La Ley de Segunda Oportunidad (Ley 25/2015) es un mecanismo jurídico que permite a personas físicas (particulares y autónomos) insolventes alcanzar la exoneración de sus deudas —total o parcial— y empezar de cero cuando no puedan hacer frente a sus obligaciones. La ley fue aprobada en 2015 y ha sido objeto de reformas, especialmente por la reforma concursal de 2022, que simplificó y amplió ciertas opciones del procedimiento.

¿A quién va dirigido?

Personas físicas (trabajadores por cuenta ajena, desempleados) y autónomos que no pueden pagar sus deudas.

1. Preparación y documentación: recopilación de deudas, contratos, estados de cuentas, declaraciones fiscales, inventario de bienes, nóminas, justificantes de ingresos y gastos, etc.
2. Presentación de la solicitud judicial ante el Juzgado de lo Mercantil correspondiente (tras las reformas la vía judicial es la puerta de entrada habitual).
3. Tramitación del concurso de persona física: se valoran activos, pasivos y se determina si procede un plan de pagos, liquidación o exoneración directa (según circunstancias).
4. Beneficio de exoneración (BEPI): si se cumplen los requisitos (buena fe, no concurso culpable, etc.), el juez puede conceder la exoneración —total o parcial— de las deudas que legalmente sean exonerables

• Exonerables: la mayoría de créditos privados (préstamos personales, tarjetas, créditos con bancos, proveedores) si se dan las condiciones.
• Excepciones comunes: ciertos créditos públicos (como deudas con Hacienda y Seguridad Social) y prestaciones por alimentos o sanciones administrativas pueden estar sujetas a reglas especiales o exclusiones parciales; además, algunos créditos con garantía pública (por ejemplo, determinados avales ICO) pueden requerir trámites especiales para su reestructuración. La normativa y la interpretación judicial marcan los límites.